Este componente tiene el propósito de fortalecer el marco normativo y las capacidades institucionales y comunitarias, que aseguren que los instrumentos cuenten con una base sólida para su aplicación.
En Chile, si bien existen diversos mecanismos normativos y políticas de conservación, estos han resultados insuficientes para frenar la degradación de los ecosistemas y garantizar su protección a largo plazo.
La necesidad de trabajar en instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad se refuerza bajo la promulgación de la Ley La Ley N° 21.600 crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta ley tiene como objetivo la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país.
La inclusión de diversos actores como empresas, usuarios, organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, a través de instrumentos económicos, se presenta como una alternativa para fortalecer la inversión en biodiversidad y generar incentivos efectivos para la conservación de los ecosistemas.
