Este componente tiene el propósito de fortalecer el marco normativo y las capacidades institucionales y comunitarias, que aseguren que los instrumentos cuenten con una base sólida para su aplicación.
En Chile, si bien existen diversos mecanismos normativos y políticas de conservación, estos han resultados insuficientes para frenar la degradación de los ecosistemas y garantizar su protección a largo plazo.
La necesidad de trabajar en instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad se refuerza bajo la promulgación de la Ley La Ley N° 21.600 crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta ley tiene como objetivo la conservación de la diversidad biológica y la protección del patrimonio natural del país.
La inclusión de diversos actores como consumidores, empresas, organizaciones de la sociedad civil, a través de instrumentos económicos, se presenta como una alternativa para fortalecer la inversión en biodiversidad y generar incentivos efectivos para la conservación de los ecosistemas.
El marco institucional y de gobernanza del Proyecto hace referencia al sistema de valores, políticas e instituciones mediante el cual una sociedad gestiona sus asuntos económicos, políticos y sociales a través de interacciones dentro y entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Es la interacción entre las estructuras de gobernanza (formales o informales), los procesos (participativos o no) y las tradiciones (locales o institucionales), que determinan cómo se ejerce el poder y las responsabilidades, cómo se toman las decisiones y cómo la ciudadanía y otras partes interesadas pueden manifestar o hacer valer su opinión respecto de cómo se gobierna un espacio determinado.
